Durante los
últimos dos meses varios colegas, participantes activos del campo educativo en actividades
de docencia, investigación, gestión y observación ciudadana, hemos venido
conversando sobre el perfil, las posibilidades, los alcances y las limitaciones
de las acciones que en materia de reforma educativa se han impulsado en México
desde el inicio de la administración federal 2012-2018.
Con base en esos
ejercicios, aquí se plantean algunas observaciones sobre el proceso general y
las posibles implicaciones de las reformas actualmente en curso. Evidentemente,
no se tocan todos los temas, pero en los abordados convergen las expectativas y
las preocupaciones de más de un interesado en la educación del país.
1 La relación SEP-SNTE. Aunque de
gran impacto en la opinión pública, la detención de Elba Esther Gordillo no ha
redundado, al momento, en la configuración de una nueva dinámica de relaciones
entre esos actores (SEP-SNTE). Tal vez sea prematuro intentar establecer las
derivaciones de largo plazo de tal decisión político-legal, pero desde donde la
observa quien aquí escribe, más que otra cosa, a la luz de eventos recientes, parece
un ejercicio de fuerza para imponer una estrategia de control de cara a la
agenda de reformas. Del lado sindical, a la fecha, la estructura, las dinámicas
y las tradicionales prácticas internas a nivel nacional y en los estados de la
república, siguen como siempre y no hay razones contundentes para prever cambios
sustanciales en el corto plazo.
2 La evaluación. El peso que
se otorga a la evaluación en el discurso abierto y lo que al parecer será su
concreción en las leyes y otras acciones ya anunciadas, es, por decir lo menos,
desmedido. La evaluación no tiene las virtudes ni otorga las herramientas que
desde la parte oficial parecen conferírsele, en particular cuando se intenta
articularla a un sistema de sanciones y recompensas. Peor todavía, por el tipo
de indefiniciones que todavía tenemos en términos legales y programáticos, la
evaluación ya está siendo desacreditada y no solo por los profesores. Al
respecto, basta recordar el uso inadecuado de algunas evaluaciones
estandarizadas en términos de su diseño, aplicación o incluso de la divulgación
descuidada de sus resultados, que en no pocos casos, más que para incentivar la
atención y la contraloría social, sirvió para etiquetar y estigmatizar públicamente
a escuelas, profesores y estudiantes. Ahora que se pretende articular
evaluación a permanencia laboral de docentes en la educación básica, tal
instrumento tendrá muchos más frentes de resistencia. El proceder que
observamos en este ámbito es una buena manera de poner mayor descrédito a la ya
de por sí difícil tarea de evaluar, fundamental en el proceso educativo en
cualquier nivel. Aunque el INEE es una iniciativa interesante y muy necesaria, pues
puede proveer de información fundamental para la mejora, todavía hay razones
objetivas para dudar de su eficacia.
3 Decisiones verticales y
abiertamente antidemocráticas. Como es característico de una
estructura política de rasgos fuertemente verticales y centralistas, México es
todavía de esos países donde primero se toman decisiones cupulares y luego,
cuando emergen las reacciones, se llama a la consulta o el diálogo, el cual,
por cierto, tiene mínimo o nulo impacto en las decisiones ya tomadas. La
democracia en las leyes y políticas educativas de México es un objeto extraño.
Esto, por cierto, hace muy feliz a los aficionados a las decisiones “técnicamente
ejemplares” que aparecen en no pocos medios masivos de información celebrando
la forma en que el ejecutivo y el legislativo “convergen armónicamente” para
aprobar las legislaciones de manera expedita. Pero los afectados directos, los
que deberán implementar los cambios, y que además experimentarán las
consecuencias en el ámbito laboral, son obligados de entrada, a mirar desde afuera
las decisiones, lo que da cuenta de una de las prácticas más atrasadas en una
sociedad que quiere llamarse democrática.
4 Políticas que no se evalúan. Una práctica
regular del sistema político mexicano es que se toman decisiones sin evaluar sistemáticamente
la evidencia disponible. Para el caso de la educación, por ejemplo: ¿Se ha
evaluado la política de reclutamiento de profesores? ¿Se ha evaluado la política de evaluación de los últimos
años? ¿Se ha evaluado la actual RIEB 2009, que tan cara ha costado en términos
económicos, materiales y de prestigio? ¿Se han evaluado los cientos de
programas educativos que llevan operando tantos años? ¿Cómo está siendo
empleada la información disponible para informar el actual ciclo de políticas? De
primera mano, sé que muy poca de la información disponible se usa, y al parecer,
está presente la tentación de pulsar el botón de “reset”, por ejemplo, en
materia curricular, para iniciar nuevos cambios sin evaluar sistemáticamente lo
hecho en años recientes.
5. El caso público y el olvido de
derechos. El actual gobierno y muchos medios de información
han convergido en la construcción de un “caso público” donde, según la
evidencia y el tono, el estado terrible de la educación, de sus maestros, de los
vicios del sindicato, etc., solo pueden tener una salida: para “salvarnos” tenemos
que implementar las reformas, esas que se enmarcan dentro del “Pacto por
México”. Quien esté en contra de ellas, está contra el progreso. Sin dejar de
reconocer la necesidad de reformas, quienes construyen el caso público se
quedan cortos en el análisis y la repartición de culpas y responsabilidades. Tres
ejemplos de ello son: 1) en el mismo caso público debe estar la demanda por las
condiciones lamentables en que miles de profesores y niños trabajan y estudian.
Al día de hoy, en este momento, con este nuevo gobierno, este problema no se están atendiendo a cabalidad. 2) Hay una
gran cantidad de basura televisiva cargada de violencia, estereotipos,
consumismo que llega todos los días a las casas mexicanas y por la cual los
dueños de los medios no acusan responsabilidad social ni cultural. En el actual
periodo de reformas, esto no parece ser un problema para nadie, ni en el sector
gubernamental, ni académico. 3) Las condiciones de pobreza en que miles de
niños viven y trabajan son un escándalo. En un país como México esto no debería
darse, pero, como en los casos anteriores, no parece preocupar seriamente en el
actual ciclo de reformas; iniciativas como las escuelas de tiempo completo
están lejos de poder atender un problema de esta magnitud y sus implicaciones
sociales y educativas. Esto, que no está en el caso público visible y sonoro, y
que no son problemas cualesquiera son urgentes y su existencia raya en la
franca transgresión de derechos humanos básicos, en particular de niños y
jóvenes.
6. Las políticas silenciadas. Hasta donde
vamos en las reformas, hay temas olvidados para los cuales no se prevén
políticas novedosas. Por ejemplo, la educación superior, para el trabajo, de
las comunidades y pueblos indígenas, entre otras, están fuera de la agenda del
debate público y político. Y qué decir del diseño y operación de la enorme
estructura burocrático-educativa o del funcionamiento del sistema de formación
continua del profesorado, que es caro e inefectivo. Por ejemplo, en el caso de
la educación superior, como no sea por la queja anual relativa al ingreso de
estudiantes a las universidades públicas, o por los resultados de las
comparaciones internacionales que increíblemente todavía tienen eco entre algunos
académicos, medios y uno que otro político, no se debate abiertamente sobre la
calidad de la enseñanza o el funcionamiento y la pertinencia de los diferentes
subsistemas ―como el tecnológico que tiene muchos problemas pedagógicos―. La
política educativa en el sector educación superior es tendencialista y
gradualista; y problemas como el creciente número de estudiantes que demandan
ingresar a este nivel no se atienden mejorando o quitando los exámenes de
ingreso, se necesitan más lugares en las instituciones educativas, renovación
de la planta académica, reordenar y aumentar el gasto y mucho más. De eso, no
se ha escuchado hablar con la intensidad necesaria.
7. Diagnóstico desde un paradigma limitado. No pocos
analísticas e inclusive académicos reconocidos señalan que el país está “sobre
diagnosticado” o que “tenemos mucha información” para tomar las decisiones
necesarias. En educación no creo que sea el caso, más cuando el diagnóstico se
hace desde un paradigma social y político centralista y vertical, con un perfil
crecientemente técnico-liberal y de orientación al mercado. Al respecto, sin
dejar de ser, por ejemplo, liberales, si cambiamos el ángulo de análisis
veremos que ni con mucho tenemos toda la información de calidad necesaria para
entender el estado de la educación. Cuando la tengamos, una posible
consecuencia será que las políticas tendrán que ser tan diversas como diverso
es el país. Eso no le gusta a muchos políticos y menos a los “policy makers”. A
ellos se les dificulta aceptar la idea de políticas diferenciadas, pues por lo
regular prefieren pensar en las “buenas prácticas” (en los términos de la OCDE),
en los estándares, en las comparaciones internacionales. Sin dejar de reconocer
la pertinencia de los referentes externos, el mundo, por fortuna y para nuestro
gran reto es mucho más complejo y dinámico. En un país como el nuestro, aunque
a los “hacedores” y evaluadores de políticas, les parezca retrógrado, requerimos
comenzar a innovar en esta materia, en lugar de aprender y repetir los manuales
técnicos de políticas, que tan interesantes son, pero que muy poco pueden
decirnos de las realidades tan diversas y complejas de México.
8. El genuino derecho a disentir. Aunque son
bienvenidas por el público abierto y gran parte del gremio académico, las
actuales reformas tienen y tendrán adversarios fuertes. Eso está bien, no hay
política sin disenso. En México está garantizado el derecho a la manifestación
pública y hay mecanismos para combatir en diferentes terrenos los cambios que
creemos van en contra de nuestros intereses. Pero es fundamental prevenir los
escenarios de violencia; ésta no se justifica de ningún lado, ni para someter a
quien resiste, ni para intentar subvertir a quien propone los cambios.
A nadie podemos engañar sobre la situación tan grave que vivimos en
casi todos los frentes de la educación. Durante varios años se han pedido
reformas serias al sistema educativo. Sin embargo, las que se están configurando,
aunque en su sentido más general parecen viables, por la forma en que se están
procesando y por las consecuencias que se visualizan de ello, no son para nada
halagadoras. Desde la académica y desde la sociedad civil organizada tenemos la
intención de mantener y llamar la atención sobre esto. Dr. Ernesto
Treviño RonzónConsejero del
Observatorio Veracruzano de la Educación
Documento: Ideas públicas, 1/2013
Ideas públicas es una serie de
documentos de observación y análisis sobre temas de coyuntura, escritos y
difundidos por integrantes del Observatorio Veracruzano de la Educación. Su uso
es abierto.
No hay comentarios:
Publicar un comentario