Varios ciudadanos tenemos
la impresión de que las decisiones sobre la reforma educativa, que actualmente
se está implementando en México, tienen un carácter cupular que no toma en cuenta
con suficiencia a los principales interesados del proceso de cambio, como los profesores
y los padres de familia. También, parecería que la reforma se está dando sin
una consulta sistemática a los especialistas que desde diferentes disciplinas tienen
información de calidad en materia de educación y sus contextos, como los
investigadores en el campo de la sociología, la antropología, la economía o la
pedagogía.
Hay
mucha bibliografía disponible a nivel global en materia de reformas educativas que
señala con gran precisión (Carnoy, 1999; Popkewitz, 1982 y 2008) los diferentes
componentes de un proceso de reforma; de dicha bibliografía es fácil desprender
elementos para ver lo problemático de proceder como ahora se hace en México, así
como algunas de sus potenciales consecuencias. De continuar así, es probable
que veamos: una reforma sin claridad, sin
legitimidad social más allá del primer gran golpe mediático, extraña para los
actores educativos y con riesgos de que sus alcances positivos se disuelvan en
la estructura burocrática y en las limitaciones del federalismo mexicano ―particularmente
problemático en el sector educativo―.
Si la
reforma que actualmente se implementa aspira a ser, en efecto, de gran impacto
y trascendencia en el tiempo, debe ser más amplia que la discusión entre
gobierno, legisladores y sus consultores preferidos, como hasta ahora parece
haber ocurrido. Los foros regionales sobre reforma son necesarios, así como
otros instrumentos que ya se han movilizado previamente para sondear o censar
las principales preocupaciones de la población y que posiblemente se puedan
adaptar para recuperar las principales necesidades y problemas, tal como los viven
las escuelas, los estudiantes, los maestros y los padres de familia, para pasar
de ahí a la formación de un ciclo de políticas efectivamente localizadas y correctamente
aterrizadas.
En las
semanas que preceden a este escrito, particularmente en los meses de mayo y
junio, en diferentes partes de México se han desarrollado mesas de especialistas
sobre la reforma educativa. En las que he podido seguir, por ejemplo, en Xalapa
y en el Distrito Federal, se han planteado serios cuestionamientos a lo que sabemos
públicamente de la reforma. En particular, a sus serias ambigüedades en materia
de evaluación y sus posibilidades y consecuencias para el proceso educativo,
para los docentes, los estudiantes y las escuelas.
Particularmente,
en el caso de las mesas de Xalapa, la Universidad Veracruzana y el
Ciesas-Golfo, convocaron a especialistas en materia de políticas, educación,
sindicalismo, participación social. Los invitados plantearon interesantes
puntos de vista sobre diferentes dimensiones de la reforma, como: la evaluación, la contratación de los
profesores, la gestión de las escuelas desde el aparato estatal y a nivel de
los centros escolares, la infraestructura, la forma vertical de conducir la
política en México, el papel del SNTE, la posibilidad de que la reforma llegue
o no a mejorar los procesos áulicos y escolares.
Los
ponentes tuvieron disensos y acuerdos, entre sí y frente a la reforma. Entre
los mayores puntos de acuerdo estuvieron: 1) El diagnóstico del que parte la
reforma y sus objetivos no parecen claros y no necesariamente se corresponden
entre sí, y tampoco con lo hecho en años previos, lo que puede implicar fuertes
contradicciones a lo largo del sistema educativo; 2) los sentidos y el peso que
se asigna a la evaluación es problemático; 3) la reforma tiene fuertes signos
de la verticalidad que por años ha caracterizado a México, y pone en cuestión
la idea de federalismo educativo y de participación; 4) la diversidad es un
rasgo fundamental de México, por tanto, lo debe ser también para la reforma: diversidad lingüística, de contextos,
cultural, de condiciones materiales y económicas. Este principio debe ser
constitutivo de las acciones públicas pues, de otra forma, además de lo dicho
arriba sobre las malas consecuencias, tenderán a crear mayores diferencias y
desigualdades entre los estudiantes mexicanos.
Otro punto
de coincidencia en los foros fue precisamente la necesidad de continuar debatiendo
públicamente la reforma, y que la autoridad educativa a nivel estatal y federal
ponga atención a estas discusiones para evitar, en la medida de lo posible,
otro ciclo de reformas caras, de poco alcance y que pueden implicar varios años
de retraso y desigualdad educativa y social. El que las leyes secundarias no
estén en discusión todavía en el congreso, abre una buena oportunidad para
incentivar este tipo de análisis.
Referencias:
Carnoy, Martín (1999). Globalization and educational reform: what planner need to know.
Paris, Fr.; UNESCO.
Popkewitz, Thomas S., Tabachnick, B. Robert,
& Wehlage, Gary (1982). The myth of educational reform: School responses
to planned change. Madison, WI: University of Wisconsin Press.
Popkewitz, Thomas (2008). Cosmopolitanism
and the age of school reform: Science, education and making society by making
the child. New
York: Routledge.
Ernesto
Treviño Ronzón
Consejero del
Observatorio Veracruzano de la Educación
Xalapa,
Veracruz, México, 19 de junio del 2013
Documento: Ideas públicas, 2/2013
Ideas públicas es una serie de documentos
de observación y análisis sobre temas de coyuntura, escritos y difundidos por
integrantes del Observatorio Veracruzano de la Educación. Su uso es abierto.
No hay comentarios:
Publicar un comentario