Insatisfacción insuficiente

Blanca Heredia
Tomado de http://www.razon.com.mx/spip.php?page=columnista&id_article=77925

En un texto muy interesante publicado en el número de mayo de Nexos, Leticia Juárez expone y analiza los niveles de satisfacción con el sistema educativo en México, a partir de las encuestas realizadas por la empresa BGC a nivel nacional de 2001 a 2010. Entre los hallazgos reportados, destaca el 45% de padres de familia que dicen estar poco o nada satisfechos con la educación primaria que reciben sus hijos. La cifra en cuestión es mayor a la reportada en encuestas anteriores y sirve de ancla para el título —“Insatisfacción”— y sentido general del artículo. Si tomamos en cuenta las severas deficiencias de nuestro sistema educativo (cerca de 50% por debajo de niveles de desempeño mínimamente aceptables en lectura y matemáticas, y casi 40% de jóvenes entre 15 y 19 que no estudian o cuentan con un empleo, según datos de la OCDE, por citar sólo dos de los problemas más graves) el nivel de satisfacción social sigue siendo, con todo, bastante alto: 54% según los últimos datos de las encuestas analizadas por Juárez. Las razones para ello son múltiples e incluyen, entre otras, las siguientes. Primero, para la mayoría de los padres de familia en México la escuela pública es la única opción y los servicios que presta suelen ser vistos como una concesión graciosa de la autoridad, más que como un derecho. Segundo y relacionado con lo anterior, la escuela pública podrá no ofrecer buena educación, pero, al menos, ofrece un lugar seguro en el que dejar a los hijos y ello importa mucho, especialmente para las madres que trabajan. Es de celebrar que, según indican los datos de estas encuesta, esté aumentando la insatisfacción con los servicios educativos que, por obligación constitucional, ofrece el Estado. El nivel de insatisfacción, sin embargo, sigue siendo limitado, no está organizado y no alcanza para romper un equilibrio político que, claramente, milita en contra de cualquier esfuerzo serio por incrementar la calidad y la equidad de la educación en el país. El equilibrio imperante en la esfera de la política educativa desde hace años en México está marcado por la enorme asimetría de poder entre los actores que se benefician del status quo y los millones que se beneficiarían de su mejora. Los primeros —el SNTE, centralmente entre ellos— constituyen un grupo de interés fuertemente concentrado y disciplinado, con capacidad para incidir en los resultados electorales y para frenar cualquier intento de reforma que perjudique a sus líderes. Los segundos están dispersos y, la mayoría de ellos, no están movilizados a favor del cambio. En un contexto en el que la resistencia al cambio es explícita y conlleva costos políticos altos y ciertos, mientras que la demanda por la reforma es débil, uno se pregunta a qué político pudiera interesarle impulsar reformas educativas. Si a ello agregamos que la materialización de los beneficios esperados de una reforma de fondo en este ámbito probablemente excedería el horizonte temporal de mandatos de 3 o de 6 años, se entiende que no muchos políticos se animen a siquiera intentarlo. La correlación de fuerzas entre ganadores y perdedores del arreglo vigente no favorece la introducción de reformas que permitan empezar a atender los enormes rezagos que enfrenta el país en el tema educativo. Para salir de donde estamos, resulta indispensable que la demanda social por una educación de alta calidad crezca y se organice. Y para ello, la movilización en torno a demandas puntuales y concretas, como la de la derogación del Reglamento de Condiciones de Trabajo de 1946, decreto presidencial que le ha permitido al SNTE hacerse del control de muchos aspectos de la política educativa que nada tienen que ver con la legítima defensa de sus derechos laborales, resultaría clave. Sólo si crece la insatisfacción social y cambia la correlación de fuerzas, les resultará rentable a algunos políticos o políticas lanzarse a hacer efectivo el derecho a la educación y devolverle, con ello, a los niños y los jóvenes de México la propiedad sobre sus capacidades y sus talentos.